Querella criminal contra Pablo Iglesias y dos miembros del CEPS por un supuesto delito de blanqueo de capitales

Susana López Solbes.- José Emilio Rodríguez Menéndez, secretario general del  Partido Socialista de la Justicia (PSJ), ha formula una querella criminal a través de su Partido contra el eurodiputado de Podemos, Pablo Manuel Iglesias Turrión, así como contra Iñigo Errejón Galván y Luis Alegre Zahonero,  miembros ambos  de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. El PSJ les imputa un supuesto delito de blanqueo de capitales, así como otros supuestos delitos electorales cometidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
El objeto de esta querella es el de solicitar a la Sala Segunda del TS (dada la condición de aforado de Pablo Iglesias) que investigue de la manera más detallada la comisión de estos supuestos delitos en base a la publicación en El País digital, el 17 de junio de 2014, de las cantidades recibidas por los dirigentes de Podemos desde el año 2002 y que oscilan en torno a los 3.7000.000 euros, según consta en el registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura
Dichas cantidades, según informa este Diario, procederían del Gobierno Venezolano en concepto de asesoramiento político superando el 80% de los ingresos de la Fundación de Podemos
Los ingresos de la Fundación CEPS, según información  de El País, provenían, supuestamente, del Gobierno de Hugo Chavez. De hecho, buena parte de esos pagos por valor de hasta 1.600.000 euros fueron por asesorar directamente al exmandatario venezolano.
El PSJ añade, además, que las recientes informaciones ofrecidas por  Enrique Riobóo en su libro “La Cara Oculta de Pablo Iglesias”, aluden a que el Partido de Podemos se ha nutrido de esa financiación extranjera a través de países como Venezuela e Irán.
En la querella se cita como testigos al propio Enrique Riobóo, a Miqui Lasa y a Álvaro García Linera, éstos dos últimos con domicilio en Bolivia, y a Rosa Chavez, residente en el Palacio de la Presidencia de Caracas, Venezuela.
Por todo ello, el PSJ reclama que los querellados den las explicaciones oportunas ante el TS y que el Alto Tribunal investigue  todos los fundamentos legales, tal como hace el PSJ en las 35 páginas de esta querella, al objeto de dilucidar la comisión o no de estos delitos.